La amnistía que hoy nos preocupa es de una naturaleza política muy contraria a aquella  que incorporó a tantos españoles al proyecto histórico-constitucional de 1978. Ésta nos reunió primero y convocó después a un compromiso para la convivencia bajo derechos y libertades públicas, pluralismo político y territorial desde los grandes postulados del Estado social y democrático de Derecho. Futuro!

Hoy una súbita iniciativa parlamentaria, a tramitar de urgencia; una exigencia de gobernantes amnistiados, y rendida y unánimemente  aceptada por el candidato a la investidura y su partido - en una lamentable estética de reuniones y contenidos celebrados e impuestos desde Bruselas -, es lo que se nos presenta como una ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

De su inconstitucionalidad ya se encargaba el contenido de los decretos de los indultos concedidos recientemente por el gobierno, pero ahora ante la investidura y en el nombre de España, Pedro Sánchez la invoca indeclinablemente legal, por el interés general y la concordia.

Y es que la amnistía no se nos anuncia, desgraciadamente, entre vientos de reconciliación sino como una imposición personal del  Molt Honorable exPresident fugado para votar una investidura que perdonará el pecado.

 Es sumisión!

Además, por encima de cualesquiera consideraciones, es indudable que obrado el milagro de la rehabilitación por obra parlamentaria, será la legalidad del Estado español la que quedará señalada.Y lo será sin misericordia, pretendiendo su “desjudicialización” a modo de una sospecha pública sobre los jueces y tribunales.

Se propiciaría así la politización gubernamental, la vulgarización y la desnaturalización del derecho

Y nos preguntamos: ¿ni siquiera la misión a Bruselas se atrevió a incluir el cumplimiento de las sentencias judiciales en Cataluña? ¿Tampoco una mención que defienda al Estado de la acción unilateral de una nueva declaración de independencia?

En otros términos creemos que esta “amnistía para la investidura” ausente de la campaña y de las ofertas políticas de las elecciones del 23 de julio - cuyos resultados componen después  la formación de nuestras Cortes Generales - es un fraude sin paliativos a la representación política y una burla a todo el cuerpo electoral.

La acción de gobierno y parlamentaria de esta nueva legislatura ya está presidida por una negociaciación  de capítulos muy relevantes, de nervio constitucional, que desafían a los valores de la igualdad y la solidaridad entre españoles.

Un relator internacional verificará el éxito seguro de las conversaciones. “La internacionalización del conflicto” es en sí un triunfo.

La crónica de los firmantes, de los actores  y sus pretensiones no tendrá término ni plazos porque es esencial al nacionalismo huir de la integración en un Estado constitucional. A imitación del “procés” se seguirá una dinámica de debate permanente sobre la jefatura del Estado, el poder judicial, la insolidaridad territorial y la libertad económica. 

Esta amnistía coadyuva, en fin, a abrir el deseado melón de la reforma constitucional. Este es el gran ajuste de cuentas con el Estado. Y decimos no.

Una mutación inconstitucional, el desprecio al cuerpo electoral de la nación y la ausencia de contrapartida o actitud alguna desde el separatismo, ofrecen una realidad difícil para abordar una decisión de altos vuelos y de gran generosidad política que, para triunfar, ha de ser mutua.

Hoy no corresponde lo que sí lo habría sido en un prudente futuro.