MANIFIESTO

España es una gran nación y Europa nuestra nación de naciones, un ámbito excepcional de libertad asentado sobre el Estado Democrático de Derecho. Ambas, Europa y España, tienen por delante contemplar la utopía de su unidad política o el desafío histórico que consiga acuñar la moneda de los Estados Unidos de Europa.
 
Hoy compartir soberanía es fundamental para ostentar soberanía.
 
Deseamos el regreso de un nuevo “Movimiento Político Europeo” con fuerza y presencia en los espacios públicos, educativos culturales e informativos en particular.
 
El internacionalismo hoy sigue siendo la solución, un programa global de cooperación que difumine las barreras nacionales bajo los criterios del orden liberal internacional en el que la prosperidad depende del comercio mundial y de la libertad de movimiento de las gentes.
 
 
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Nuestra Constitución es el triunfo y la letra de muchas generaciones de españoles que han podido asistir, finalmente, a logros inéditos en nuestra historia: la convivencia y el progreso de la Nación integrada en sus nacionalidades y regiones.
 
Transición, Constitución y Europa componen el mayor esfuerzo contemporáneo de España y nuestra mejor hora histórica.
 
La Constitución es un impulso para cada generación de españoles. Lejos de frenar las aspiraciones de las nuevas, su contenido refleja un pleno respeto a la dignidad y libertad de la persona así como la indispensable solidaridad entre españoles; pero es también una virtuosa ausencia de límites al desenvolvimiento individual, a las inquietudes contemporáneas o a la consideración y renovación de los derechos de la personalidad propios de una sociedad abierta y tolerante.
 
Ser español es una oportunidad. Es una ambición cívica en la que encontrarnos la gran mayoría de los españoles.
 
La igualdad de oportunidades es el abono imprescindible para alcanzar y mantener una auténtica sociedad de mérito. La desigualdad económica entre ciudadanos de un país como entre países, es el resultado de una carrera entre la tecnología y la educación de calidad. La tendencia hacia la igualdad de resultados, por el contrario, mina la responsabilidad y elude el mérito y el esfuerzo.
 
 
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El Estado es la gran institución conformadora de la vida social en nuestro territorio con la finalidad vital de que nuestra convivencia sea pacífica, teniendo como eje al Derecho y como sustrato a la Nación. Es la Nación, las personas unidas al Estado por el vínculo del nacimiento o por las leyes, la base de la soberanía. La Nación es la vitalidad y emoción del Estado; su pulso. Hoy lo sabemos.
 
Deseamos una nación de ciudadanos, “una sociedad democrática avanzada”, dice nuestra Carta, en la que seamos “el peso y medida” de todas las políticas y “vértice” de los poderes del Estado.
 
 
La Ley es en esta nación el amparo a los ciudadanos. Por ello, cualquier menosprecio público a la Ley en una democracia liberal nunca es pacífico. Es tribalismo. Es populismo que anuncia autoritarismo. La democracia representativa queda postrada ante la aclamativa.
 
 
Es la capacidad del Estado, un Estado capaz y no su tamaño, lo que nos preocupa. Lo concretamos en la gestión de una administración eficiente que alcance objetivos nacionales movilizando los recursos humanos y económicos necesarios; es la capacidad, luego, de coordinar las actuaciones o las iniciativas de los distintos grupos sociales en torno a estos; y, finalmente, la actitud y la capacidad de crear consensos y amplias legitimaciones que sustenten los grandes objetivos del país.
 
Tenemos un Estado escasamente capaz. Esta realidad tiene que abordarse para enfrentarnos a los efectos de la automatización, el cambio climático, el envejecimiento demográfico y la escasa productividad. Hay que reforzar la capacidad de nuestro Estado en España y en la Unión Europea.
 
 
El Estado Autonómico o es lealtad y coordinación o no será capaz. La inercia no puede seguir siendo su principal fortaleza.
 
Hay imposibilidad para ofrecer una financiación territorial clara, responsable y solidaria; existen barreras en nuestro mercado interior con proliferación normativa de reglas particulares; asistimos a descalificaciones a nuestro patrimonio cultural común - las lingüísticas y las curriculares - así como a una aculturación insistente sobre nuestra urdimbre como nación. Todas son muestra de tensiones y pulsiones desleales al sentido y fin de la autonomía política.
 
El Estado de Bienestar es el nervio de nuestra cohesión social y un gran objetivo de país que debemos prestigiar y valorar desde la ejemplaridad pública de sus administradores y usuarios. Sus prestaciones y dotación requieren de una evaluación continua y exigente de nuestro sector público que evite, ante todo, las ineficiencias. Sólo un cabal conocimiento y seguimiento de este gasto público nos permitirá valorar la inversión y la responsabilidad sociales del país. Tener necesidades no es tener derechos. La inequidad acaba relegando a los justos beneficiarios.
 
No hay políticas de bienestar sin empleo y nuestras altas tasas de paro - hay una rendición en el juvenil? - necesitan de grandes y continuas aportaciones públicas que vienen desequilibrando la configuración laboral de nuestra población, y luego la capacidad fiscal del país. Sus estadísticas, eso sí, ofrecen una sospecha de prácticas subvencionadoras para una desigualdad permanente, generación tras otra, en un fatalismo inaceptable.
 
¿Cómo queremos que el Estado actúe y aborde su función redistributiva? Los gobiernos deben ofrecer un debate franco sin improvisaciones, con perspectiva a medio y largo plazo, sobre cuáles son los objetivos estructurales e irrenunciables, cuántos puntos significan de nuestra riqueza nacional y qué fiscalidad es necesaria para cumplirlos.
 
 
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Ante los retos, entendemos necesario superar las actitudes partidistas y divisivas sobre las prioridades de España, las que nos fortalecen como Nación. La política debe ostentar, a nuestro juicio, un decir mejor y un trazo intenso para los acuerdos.
 
De alguna manera hay que aproximar “el tiempo de respuesta” de los gobiernos a las demandas de su sociedad. Como consumidores del siglo XXI el mercado y la cultura se nos facilitan con inmediatez pero entonces, ¿cuáles deben ser los tiempos de espera de los ciudadanos y contribuyentes para celebrar las reformas políticas?
España, no obstante, sigue a la espera de reformas indispensables: de la Justicia para la convivencia; de la Educación para nuestro desarrollo; de la Productividad y Fiscalidad, para nuestra renta y oportunidades; y en Pensiones asegurando un compromiso valioso entre generaciones. Los pretextos para aplazarlas no son otros que los temores electorales de los partidos; no es la dificultad si no la inoportunidad permanente que las reformas suponen en la estrategia partidista.
 
Todo apunta a que la solidaridad dependerá de reformas eficaces”.
 
En este tiempo, el acontecimiento histórico de la pandemia global podría aproximarnos como especie: somos un híbrido sorprendente de doble genoma, biológico y cultural, que en su biografía ha evolucionado hacia un modo de vida edificado sobre instituciones vigilantes a las pulsiones de la violencia y la tiranía.
 
Democracia liberal es, ante todo, control del poder. También una representación política muy claramente establecida. Las Cortes Generales representan, en exclusiva, a nuestra Nación; al Estado lo representa el Rey, y al Ejecutivo su Presidente.
 
Somos, finalmente, valedores de las oportunidades que nos facilita el modelo constitucional español y, también, ciudadanos exigentes y responsables ante la permanente dinámica inextinguible de la libertad y la igualdad.”
 
 
Marzo 2021
 
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